domingo, 7 de octubre de 2012

Para destacados analistas estratégicos
chilenos y el Libro de la Defensa
Nacional de Chile 2010, la demanda
del Perú en La Haya “no tiene meritos ni
fundamentos”. Es, así, un “eufemismo
jurídico” que oculta la pretensión del
Perú de cambiar el statu quo derivado
de la Guerra del Pacífico, del Tratado de
1929 y de los convenios de 1952 y 1954.
Consideran que la diplomacia chilena,
al rechazar el pedido peruano de negociaciones
directas para fijar un límite marítimo,
cometió un error porque le abrió
el camino al Perú para demandar a Chile
en La Haya. Si Chile hubiera aceptado las
negociaciones directas, no estaría ahora litigando
en La Haya sino ejerciendo su poder
de disuasión dentro de las negociaciones
directas para que estas no lleguen a nada.
El Perú, según ellos, al pretender un
cambio del statu quo por medios jurídicos,
le ha dado coraje a Bolivia para pretender
lo mismo con el Tratado de 1904. El Perú
ha sido así “temerario” al patear el tablero
geopolítico en el Pacífico sudamericano y
no medir las consecuencias de intentar un
cambio que puede hacer colapsar la paz
BATALLA EN DOS FRENTES
y la amistad, establecidas en el Tratado
de Límites de 1929.
No están tan seguros de ganar. Temen
que la Corte de La Haya emita un fallo
que delimite de manera jurídicamente
equitativa el área en disputa, y le dé así
una parte de esta al Perú. Para ellos, esto
cambiaría el statu quo porque el Perú
ganaría algo que nunca había tenido y
Chile perdería una porción del área marítima
donde ejercía soberanía.
Esto lo sospechan también sus políticos
y la mayoría de la población chilena.
Según un sondeo de opinión pública, más
del 73% de los chilenos no están dispuestos
a ceder el más mínimo espacio marítimo
al Perú en el caso de un fallo adverso.
Esta tendencia se refuerza además
como resultado de la impopularidad del
presidente Piñera (22% de aprobación). Si
este acepta un fallo desfavorable, su impopularidad
se convertirá en ilegitimidad.
Pasaría a la historia como un presidente
chileno repudiado por su pueblo, como
un mandatario fenicio que, por salvar las
inversiones de los empresarios chilenos,
cedió dominio marítimo al Perú.
Por eso Piñera ahora dice que no solo
defenderá la soberanía marítima jurídicamente,
sino que las fuerzas armadas de
Chile están listas para resguardarla. Lo
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declaró en medio de tanques Leopardo
durante las maniobras Huracán 2011, y
lo volvió a repetir recientemente en mayo
de este año, nada menos que ante el pleno
del Congreso chileno.
Sin duda, este rechazo chileno a ceder
soberanía se fortalecerá aún más porque
el 2013, que es un año crítico para el fallo
de La Haya, es también un año crucial
electoral en Chile, en el cual la defensa
de la soberanía marítima chilena tendrá
campeones en los candidatos presidenciales
tanto de derecha como de izquierda.
No seamos tan triunfalistas sobre el fallo
e impávidos sobre la amenaza chilena,
porque será muy difícil que un gobierno
impopular como el de Piñera termine su
período aceptando un fallo que cercene
una área en la que Chile ejercía soberanía,
o que el nuevo gobierno que lo suceda se
inaugure aceptando una cesión semejante.
Por todo esto, los estrategas chilenos
sostienen que el Perú se equivoca al
creer que la controversia con Chile es
jurídica cuando es geopolítica, y además
con graves repercusiones internas para
Chile. Y en virtud de ello, recomiendan
sacar al Perú de su “eufemismo jurídico”
y obligarlo a practicar una “realpolitik”
que “sincere” la peligrosa situación internacional
generada por su poco realista
demanda en La Haya.
Los analistas estratégicos chilenos no
son tan partidarios de un proceso jurídico
en La Haya a “finish”, sino de llegar antes
a un “sinceramiento” con el Perú a través
de un “diálogo franco”, es decir, una negociación
directa. En este sentido, son muy
ilustrativas las declaraciones públicas del
experimentado embajador chileno, Juan
Pablo Lira: “Perú tiene expectativas pero
Chile tiene y ejerce soberanía sobre el territorio.
Por ende, para Chile será más duro
aceptar un fallo adverso (…) ha llegado
el momento de tener un diálogo franco
con el Perú”.
¿Y cómo buscará Chile detener un
proceso jurídico a “finish” y llevarnos a
una negociación directa? No se requiere
mucha imaginación. El “sinceramiento”
chileno consistirá en disuadirnos, diciéndonos:
negociemos para lograr beneficios
mutuos sin cesión de soberanía chilena o
vamos a un conflicto. En otras palabras, si
el Perú no acepta la razón (sinceramiento)
de que Chile no gana nada en La Haya,
entonces habrá que amenazarlo con usar
la “fuerza” para convencerlo.
La hipótesis de un conflicto con el Perú
prevalece en el pensamiento estratégico
chileno y en la preparación de sus fuerzas
armadas. Por eso es que Chile ha recurrido
en estos años al espionaje y convertido
el proceso de La Haya en un imparable
ejercicio de disuasión al Perú.
Espionaje, disuasión, incidente
En efecto, Chile tuvo éxito en una operación
de espionaje al obtener que el
suboficial Víctor Ariza le vendiera valiosa
información sobre la Fuerza Aérea
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Peruana (FAP). También hubo intentos
de penetrar la base de La Joya, como fue
el caso del helicóptero “extraviado”, y
luego, rumores de un espionaje en Talara.
En sus actos de espionaje, Chile ha
demostrado que lo que más le interesa
es la FAP. Y esto porque la superioridad
aérea es decisiva en todo conflicto armado.
Y a pesar de que Chile ya obtuvo
esta superioridad, le sigue preocupando
el grado real de operatividad de la FAP.
Parecería que quiere darle total seguridad,
en caso de combate, a sus F16 frente
a nuestros MIG 29, y además saber si
nuestra defensa antiaérea sigue arcaica o
está modernizándose con mejores radares
y misiles.
Por otra parte, con la adquisición de
un satélite Fasat-Charlie y de aviones sin
piloto (UAV) Hermes 900, Chile puede
espiar ahora miles de kilómetros de nuestro
territorio e informarse sobre nuestras
actividades militares. El territorio del
Perú es hoy observado por Chile desde el
espacio y desde la atmósfera. Chile se ha
convertido así en el big brother del Perú.
La muñeca florentina de nuestro Canciller debe encajar en las tareas hechas con anticipación por la
diplomacia peruana.
Andina / Piero Vargas
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Sebastián Piñera debe jugar el papel de un civil entre tanta atmósfera militar. (Foto: starmedia.com)
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También la estrategia de Chile ha sido
darle al proceso de La Haya un trasfondo
permanente de disuasión con la intención
de negociar directamente, antes o
después de un fallo adverso, un arreglo
bajo la amenaza de un conflicto. Y es por
eso que Chile es el país que más se ha armado
en Sudamérica. Incluso hoy supera
militarmente al Brasil, no por poseer un
mayor número de unidades de combate
y hombres, sino por la modernidad de
su sistema de armas.
Durante el período 2000-2011, Chile ha
adquirido armamento por 3479 millones
de dólares. Y solo entre el 2008 —año
que comenzó el juicio de La Haya— y el
2012, ha comprado por 1356 millones, es
decir, casi la mitad de sus adquisiciones
del período 2000-2011.
El Perú vive hoy amenazado-disuadido
por 46 modernos aviones F16, por
más de 400 tanques Leopardo, por 2
submarinos Scorpene silenciosos que
pueden estar sumergidos un mes y en
esas condiciones lanzar misiles. También
por 8 fragatas con modernos misiles
navales Harpoon, aviones Awacs, sistemas
de radar avanzados, un satélite
con atribuciones militares y aviones sin
piloto espías.
La mayor parte de este sistema de armas
de naturaleza ofensiva está desplegado
hoy en la frontera norte de Chile y tiene
como doctrina la acción combinada de todos
los sistemas de armas navales, terrestres
y aéreos en un teatro de operaciones
que es el Perú, bajo el mando del Jefe de
Estado Mayor Conjunto chileno. La operatividad
combinada de estos sistemas de
armas ha sido probada en dos maniobras
disuasivas contra el Perú: Salitre 2010 y
Huracán 2011.
Chile tiene hoy la capacidad militar
para provocar, antes o después del fallo,
un incidente armado (sin llegar a una
guerra). Este incidente convertiría la
controversia jurídica en un pretendido
“uso de la fuerza de parte del Perú”, lo
cual impediría la ejecución del fallo para
llevarnos a un “diálogo franco”, es decir,
a negociaciones directas bajo su poder de
disuasión.
El mito del Consejo de Seguridad
En la prensa nacional circulan opiniones
que aseguran que si Chile no ejecuta el
fallo de La Haya, se podrá recurrir al
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para que lo obliguen a hacerlo.
Ojalá esto fuera cierto, pero no lo es.
Si bien el artículo 94 de la Carta de las
Naciones Unidas permite que el Consejo
de Seguridad tome medidas “si lo cree necesario”
frente al incumplimiento de los
fallos, este nunca ha aplicado ni aplicará
tal artículo porque las cinco grandes potencias
permanentes con derecho a veto
no quieren exponerse a ser enjuiciadas y
tener que vetar una sentencia de la Corte
adversa a sus intereses.
Ante esta realidad, no es coincidencia
que Chile haya presentado su candidatura
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para ser miembro del Consejo de
Seguridad a partir del año 2014. Como
miembro, estará en una situación
diplomática privilegiada para fortalecer
aún más la no acción de este órgano frente
a las sentencias de la Corte. Además,
podría incluso provocar un incidente
armado denunciando inmediatamente
ante este órgano que fue el Perú quien
lo provocó. Lo más que haría entonces
el Consejo de Seguridad sería promover
un arreglo directo entre las partes, lo
que arruinaría el proceso o el fallo de La
Haya al obligarnos a entrar en negaciones
directas con Chile.
¿Qué hacer?
En un memorándum que es un modelo
de análisis en los más prestigiados centros
de estudios estratégicos del mundo, el
eminente estratega británico Eyre Crowe,
frente a la carrera armamentista alemana,
dijo: “No podemos juzgar ni adivinar qué
es lo que quiere Alemania con su carrera
armamentista. El único elemento objetivo
que tenemos frente a este hecho es que sus
armas amenazan al Imperio Británico, y
debemos armarnos”.
Esto mismo se aplica hoy al Perú. Lo
único objetivo que sabemos del armamentismo
de Chile es que amenaza al
Perú, porque gran parte de sus armas
ofensivas están desplegadas en su frontera
norte. El Perú no puede vivir con
un vecino que lo espía y le apunta todos
los días con sistemas de armas cada más
sofisticados y mortíferos, y por eso debemos
armarnos...
El Perú no tiene otra alternativa que
armarse para disuadir a Chile a no usar
la fuerza. Un incidente armado, antes o
después del fallo, no estallaría fácilmente
si hay disuasión. Es decir, si existe la posibilidad
real de que Chile sufra un gran
daño militar. Esta disuasión no significa
tener paridad militar con Chile. Según
analistas independientes, se podría lograr
si el Perú refuerza urgente y eficazmente
el poder de la FAP, su defensa antiaérea
y su capacidad blindada y antitanque.
El primer deber de un gobierno es no
correr ningún riesgo frente a una amenaza
externa objetiva que pueda afectar la
integridad del Estado. Y sobre todo, en el
caso de Chile, humillar otra vez a todos los
peruanos. Si este gobierno nacionalista no
quiere ser un día calificado como el peor
gobierno de la historia del Perú, debe
tomar muy en serio la amenaza chilena.
No debe darle mayor prioridad al
VRAE que a Chile. Porque si bien la amenaza
narco-subversiva es importante, en
verdad es más un problema de falta de
Estado, mientras que la amenaza chilena
va dirigida contra la integridad y el honor
del mismo Estado peruano.
Si el actual gobierno no cumple con el
principal deber que tiene todo gobierno,
que es la defensa de la integridad y del
honor nacional ante una amenaza externa,
y nos pasa de nuevo algo militarmente
catastrófico con Chile, no mereceríamos
celebrar los doscientos años de nuestra
independencia como Estado y Nación. n